WESLACO – La decisión de la Corte Suprema de Justicia que da luz verde a la regulación de carga pública genera incertidumbre en la comunidad inmigrante.

La Corte Suprema permitió que el gobierno federal investigue la asistencia pública que un inmigrante ha recibido por alimentos o servicios médicos, y así determinar si es elegible para obtener la residencia permanente.

Cinco jueces lvotaron a favor y cuatro en contra, y con ello revocaron un fallo de la corte de apelaciones que había mantenido una suspensión a nivel nacional de la política después de que se presentaran demandas para que no se aplicara.

La nueva política puede utilizarse para negar permisos de residencia a los inmigrantes que usaron programas de asistencia pública tales como Medicaid, cupones para alimentos conocidos como SNAP, vales para vivienda o algún otro tipo de asistencia del gobierno.

El abogado de inmigración Ricardo Ramírez nos explica sobre el impacto que tendrá la nueva regla una vez que entre en vigor.

Para más información vea el video adjunto.